La informalidad laboral alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina, frente al 41,4% registrado a fines de 2023. Los datos surgen de un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al segundo trimestre de 2026.
El estudio advierte, además, sobre el crecimiento del trabajo por cuenta propia. La proporción de asalariados sobre el total de ocupados bajó del 73,7% al 70,5%, mientras que la participación de los cuentapropistas aumentó del 22,6% al 25,5%.
La situación en el Gran Resistencia
Uno de los indicadores más relevantes para Chaco es el nivel de informalidad entre los trabajadores independientes. En el Gran Resistencia, alcanza al 84% de los cuentapropistas, según la comparación territorial correspondiente al primer trimestre de 2026.
Ese porcentaje ubica al área metropolitana chaqueña entre los cinco aglomerados urbanos con mayor incidencia de esta modalidad laboral sin registro. El dato se refiere específicamente a los trabajadores por cuenta propia y no al conjunto de los ocupados de la región.
El informe también muestra diferencias importantes entre las actividades económicas. El servicio doméstico registra una informalidad del 77,4%, seguido por la construcción, con el 76,2%. En gastronomía y alojamiento llega al 63,9%, mientras que en el comercio alcanza el 54,7%.
En contraste, los servicios profesionales, científicos y técnicos presentan una tasa del 19,2%.
Más trabajadores independientes y menos empleo registrado
Los especialistas relacionan esta evolución con las características de la estructura productiva, el tamaño de las empresas y las oportunidades de acceso al empleo formal.
El aumento del cuentapropismo no implica necesariamente que todas esas personas trabajen en condiciones informales, pero sí representa un desafío en un contexto en el que una proporción elevada de quienes generan sus propios ingresos carece de protección laboral.
Las cifras vuelven a poner en discusión las condiciones de contratación, los aportes jubilatorios y el acceso a derechos laborales, con diferencias marcadas entre las regiones del país.