El escritor Hernán Casciari y la productora Orsai Audiovisuales quedaron involucrados en una denuncia penal presentada por participantes del sistema de financiación colectiva que permitió realizar películas, documentales y series.
Los denunciantes cuestionan la información disponible sobre el destino de los fondos aportados, la rendición de cuentas y los montos que recibieron como retorno. La causa se tramita en la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires y contempla presuntas irregularidades que deberán ser investigadas.
El conflicto se originó en un modelo de producción que convocaba a particulares a comprar bonos de participación para financiar obras audiovisuales. Según las condiciones difundidas en distintas convocatorias, los aportantes podían acceder a una devolución del capital y a una parte de las ganancias comerciales.
Los reclamos por los aportes y las rendiciones
Entre los cuestionamientos de los participantes figuran las diferencias entre las expectativas iniciales y los retornos recibidos. Algunos denunciantes señalaron que los montos acreditados fueron muy inferiores a sus aportes y reclamaron información contable más detallada.
También cuestionaron que los datos disponibles en planillas no constituyeran, a su entender, balances auditados que permitieran reconstruir con precisión los ingresos, los gastos y la distribución de los fondos.
Las presentaciones están vinculadas con producciones como La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el paraíso y la serie animada Emi On Off.
La respuesta de Orsai
La productora difundió un balance de sus cinco años de actividad, en el que destacó la participación de más de 22.000 personas y la realización de cuatro películas y un documental, además de acuerdos con distintas plataformas audiovisuales.
En ese informe también reconoció las dificultades del mercado audiovisual para recuperar el capital invertido en algunos proyectos y anunció el cierre del sistema de producción financiado mediante bonos de participación.
La empresa sostuvo que la propuesta estaba vinculada con una experiencia artística colectiva, mientras que los reclamantes plantean que necesitan información clara sobre la administración de los fondos y los resultados económicos.
El caso abre una discusión sobre la transparencia en los sistemas de financiación cultural y las obligaciones que asumen quienes convocan a particulares a aportar dinero para realizar obras.
La denuncia se encuentra en el ámbito judicial. Por lo tanto, los hechos señalados por los denunciantes deben considerarse presuntos hasta que sean esclarecidos por la Justicia.