La disputa judicial internacional por la nacionalización de YPF registró un cambio importante con una decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien dejó sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar aproximadamente 16.000 millones de dólares.
El litigio se originó en reclamos de antiguos accionistas de la petrolera, que cuestionaron la forma en que se realizó la expropiación de la compañía en 2012.
La sentencia original había generado una exposición económica de enorme magnitud para el Estado argentino. Por eso, dejarla sin efecto representa un giro relevante para la posición del país en el proceso judicial.
Sin embargo, la resolución no debe confundirse automáticamente con el cierre definitivo del caso. Para establecer el alcance final del fallo hay que considerar los fundamentos de la decisión, los recursos que puedan presentar las partes y los pasos procesales pendientes.
El expediente se desarrolla en Estados Unidos y es seguido de cerca por sus posibles consecuencias fiscales y financieras para la Argentina.